Stop Mare Mortum espera que esta sentencia impulse al gobierno actual a dar un giro radical a las políticas migratorias y de asilo
La sentencia del Tribunal Supremo, presentada por la plataforma ciudadana Stop Mare Mortum, condena al gobierno español a la ejecución de los compromisos establecidos de reubicación y reasentamiento en las decisiones europeas de septiembre de 2015 que obligan a acoger a 19.449 personas desde Grecia e Italia, a pesar de que el plazo ya ha finalizado.
Stop Mare Mortum considera que la sentencia es histórica y no tiene precedentes; es la primera vez que un tribunal nacional condena a su gobierno por el incumplimiento de una decisión comunitaria en el marco de las políticas migratorias.
Se pone de manifiesto así que el cumplimiento de los derechos humanos va más allá de la voluntad política, y es una obligación de los estados. El derecho de asilo no es discrecional y por tanto es exigible. La plataforma Stop Mare Mortum considera que es una oportunidad para el Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar de forma radical las políticas migratorias y de asilo más allá de gestos puntuales.
Es el momento oportuno para recordar que existen otras vías legales y seguras que pueden facilitar la llegada de las personas sin poner en peligro su integridad física ni su dignidad. El incumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la Unión Europea ha tenido y tiene un coste para miles de personas que han quedado atrapadas en la irregularidad y se han visto forzadas a salir de Grecia e Italia con traficantes de seres humanos.
La sentencia tiene además una dimensión internacional al apelar al principio de solidaridad. Y demuestra que la responsabilidad de acogida no ha sido compartida por los estados miembros.
Los resultados se perciben en Italia donde las soluciones populistas han triunfado porque no se ha dado esta respuesta solidaria.
Stop Mare Mortum considera que esta victoria evidencia que la sociedad civil organizada puede ejercer control sobre la acción política de sus gobiernos.